Chile: Aprobada ley que garantiza velocidad mínima de conexión a internet

El hasta hace poco esquema de ley fue apto de forma coincidente por la Cámara de Diputados.

Luego de primaveras de tramitación, el documento que modifica la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) para establecer la obligación de los proveedores de internet (ISP) de asegurar la velocidad mínima de su servicio, fue aprobada. Ahora, la iniciativa debe atravesar los últimos trámites en el ejecutor para ser promulgada oficialmente.

Tras ratificar los cambios establecidos por la Comisión Mixta, finalmente la modificación a la LGT obtuvo buen puerto. El esquema de ley obtuvo su primer trámite constitucional el 11 de septiembre de 2012, cuando fue presentado por los parlamentarios Francisco Chahuán, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana y Gonzalo Uriarte, y había estado discutiéndose hasta la término.

El texto obliga a los proveedores de llegada a internet a asegurar un porcentaje de las velocidades promedio que recibirá el adjudicatario, para los distintos horarios de anciano y último congestión, ofrecidas en sus planes comerciales, en las conexiones nacionales e internacionales y alámbricas e inalámbricas. Se manejo de una demanda fuertemente requerida por los consumidos, que mantienen incertidumbre con las velocidades de sus planes, sobre todo en horas de ingreso demanda.

Las ISP deberán dejar estipulado en los contratos de servicio los límites a los cuales oscilará su velocidad. Además, deberán poner a disposición de los usuarios un sistema o aplicación que permita la medición de dichas velocidades y parámetros técnicos asociados. La propuesta dispone “que los resultados de las mediciones tendrán el valor de presunción simplemente legal en los procedimientos de reclamo”; vale proponer, si el adjudicatario sospecha de que su velocidad no cumple con lo prometido, puede realizar una medición y “solicitar la reparación o restitución del servicio, así como una compensación por el tiempo en que la conexión no se hubiese enfrentado habitable o funcionando de forma defectuosa”.

El esquema establece, igualmente, que se designará mediante oferta pública un organismo para calcular la calidad de los servicios nacionales, aunque la Subsecretaría de Telecomunicaciones podrá efectuarla igualmente en el entrenamiento de sus funciones. El documento establece que las compañías tendrán un plazo de 6 meses para informar a sus clientes de las velocidades en los tramos horarios de anciano y menos congestión, correspondientes a cada resolución.


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